Identifican dos cuerpos de desaparecidas en toma del Palacio de Justicia
El Desplazamiento Forzado y la Imperiosa Necesidad de la Paz
Informe desplazamiento 2013 de Codhes
Resumen pendiente.
Archivos Relacionados
|
Descarga |
Caracol radio: Informe asocia ayuda militar EEUU con falsos positivos
Caracol radio / Agencia EFE | Junio 19 de 2014
La ayuda militar y policial prestada por Estados
Unidos a Colombia, sobre todo entre los años 2000 y 2010, tuvo impacto
en el incremento sustancial de los casos de ejecuciones extrajudiciales
conocidas en el país como "falsos positivos", según un informe divulgado
hoy.
El Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) realizaron esta investigación, divulgada hoy a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que "pretende ubicarse en el contexto actual de búsqueda de la paz para que la cooperación internacional contribuya a desmilitarizar la institucionalidad y la sociedad colombiana".
El estudio analiza el nivel de penetración de la ayuda militar estadounidense en las distintas unidades del Ejército y los registros en la Fiscalía de "falsos positivos", que son las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate a cambio de beneficios económicos o ascensos.
"Existe una correlación entre las brigadas del Ejército que recibieron un nivel mediano de asistencia de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales", establece el estudio sin aportar cifras pero con base en el estudio de tendencias.
La explicación de esta relación está, según testimonios de cargos militares, en que había una política establecida en la institución para presentar altas cifras de guerrilleros muertos, fueran rebeldes o no, y probar así que las ayudas estadounidenses surtían efecto.
Y por eso también concluye que "un mayor porcentaje de unidades comandadas por oficiales entrenados por Estados Unidos entre 2001 y 2003 cometieron ejecuciones múltiples que de unidades de mandos colombianos elegidos al azar".
En concreto, durante el Plan Colombia, el programa de cooperación con Estados Unidos que se implementó en 2002 para acabar con el narcotráfico y las guerrillas por la vía militar, "se presentó un incremento sustancial en estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas y la Policía".
"Por eso resulta imprescindible una evaluación rigurosa de los impactos de tales recursos en la situación humanitaria de Colombia", recomienda el informe.
De acuerdo con los datos que maneja este estudio, entre los años 2000 y 2010 se registraron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, de las cuales 1.821 fueron atribuidas a una unidad concreta del Ejército por parte de los testigos, los organismos judiciales y las organizaciones no gubernamentales.
Además, estima que durante el Gobierno del expresidente y senador electo, Álvaro Uribe, los casos crecieron en un 101 %, mientras que mientras el general Mario Montoya fue comandante del Ejército, a quien se le atribuye fomentar la política de beneficios a cambio de bajas en combate, los casos subieron al 141 %.
Los registros empezaron a reducirse en 2008, cuando estalló el escándalo de los "falsos positivos" en la humilde localidad de Soacha, cercana a Bogotá, donde una veintena de jóvenes civiles fueron engañados por militares para prestar un trabajo que nunca realizaron y después fueron reportados muertos con uniformes militares.
En consecuencia, la inversión estadounidense comenzó a disminuir porque se comprobó el mal uso de las ayudas y el correspondiente deterioro de los derechos humanos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aspiró el pasado lunes, tras ser reelegido, a que los procesos de paz en marcha permitan utilizar los recursos de las ayudas del Plan Colombia, cada vez menores, en el postconflicto.
El Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) realizaron esta investigación, divulgada hoy a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que "pretende ubicarse en el contexto actual de búsqueda de la paz para que la cooperación internacional contribuya a desmilitarizar la institucionalidad y la sociedad colombiana".
El estudio analiza el nivel de penetración de la ayuda militar estadounidense en las distintas unidades del Ejército y los registros en la Fiscalía de "falsos positivos", que son las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate a cambio de beneficios económicos o ascensos.
"Existe una correlación entre las brigadas del Ejército que recibieron un nivel mediano de asistencia de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales", establece el estudio sin aportar cifras pero con base en el estudio de tendencias.
La explicación de esta relación está, según testimonios de cargos militares, en que había una política establecida en la institución para presentar altas cifras de guerrilleros muertos, fueran rebeldes o no, y probar así que las ayudas estadounidenses surtían efecto.
Y por eso también concluye que "un mayor porcentaje de unidades comandadas por oficiales entrenados por Estados Unidos entre 2001 y 2003 cometieron ejecuciones múltiples que de unidades de mandos colombianos elegidos al azar".
En concreto, durante el Plan Colombia, el programa de cooperación con Estados Unidos que se implementó en 2002 para acabar con el narcotráfico y las guerrillas por la vía militar, "se presentó un incremento sustancial en estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas y la Policía".
"Por eso resulta imprescindible una evaluación rigurosa de los impactos de tales recursos en la situación humanitaria de Colombia", recomienda el informe.
De acuerdo con los datos que maneja este estudio, entre los años 2000 y 2010 se registraron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, de las cuales 1.821 fueron atribuidas a una unidad concreta del Ejército por parte de los testigos, los organismos judiciales y las organizaciones no gubernamentales.
Además, estima que durante el Gobierno del expresidente y senador electo, Álvaro Uribe, los casos crecieron en un 101 %, mientras que mientras el general Mario Montoya fue comandante del Ejército, a quien se le atribuye fomentar la política de beneficios a cambio de bajas en combate, los casos subieron al 141 %.
Los registros empezaron a reducirse en 2008, cuando estalló el escándalo de los "falsos positivos" en la humilde localidad de Soacha, cercana a Bogotá, donde una veintena de jóvenes civiles fueron engañados por militares para prestar un trabajo que nunca realizaron y después fueron reportados muertos con uniformes militares.
En consecuencia, la inversión estadounidense comenzó a disminuir porque se comprobó el mal uso de las ayudas y el correspondiente deterioro de los derechos humanos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aspiró el pasado lunes, tras ser reelegido, a que los procesos de paz en marcha permitan utilizar los recursos de las ayudas del Plan Colombia, cada vez menores, en el postconflicto.
Clamor Social por la Paz pide cese del fuego bilateral por parte del Gobierno colombiano
Del Gobierno reclaman actitudes más coherentes frente a la paz, dado que al negarse a una tregua pactada, mantener la ofensiva militar y la permanente descalificación del adversario, le quita respaldo popular y confianza a las negociaciones.
Señor Presidente, señores comandantes, pueblo de Colombia:
Hay momentos en la vida de los pueblos,
en que es necesario asumir compromisos profundos para transformar la
propia historia, asumiendo los que los dirigen o quienes de una u otra
manera pretenden representarlo desde el campo adverso de la guerra, la
opción por la paz.
El anuncio del día 16 de mayo por parte
de los comandantes de las FARC y del ELN en el "que ordenan cesar
cualquier acción militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Estado o
infraestructura económica, a partir de las 00.00 horas del martes 20 de
mayo hasta las 24.00 horas del miércoles 28 de mayo", es un paso
fundamental en la dirección de facilitar el respaldo a las negociaciones
de paz.
Este gesto debe ser recogido por el
Gobierno de manera a encaminar lo antes posible un cese bilateral del
fuego y de las hostilidades que hagan viable el respaldo colectivo al
proceso y la refrendación de los acuerdos por parte de la población
colombiana. Precisamente es la decisión de negociar en medio del
conflicto el elemento principal de la extrema derecha para cuestionar el
proceso e intentar conducirlo al fracaso prolongando indefinidamente la
guerra.
Del Gobierno reclamamos actitudes más
coherentes frente a la paz, dado que al negarse a una tregua pactada,
mantener la ofensiva militar y la permanente descalificación del
adversario, le quita respaldo popular y confianza a las negociaciones.
De las guerrillas reclamamos gestos unilaterales para desescalar el
conflicto y para facilitar la comprensión y apoyo de la población al
proceso. El cese unilateral de hostilidades anunciado debe ser extendido
a todo el periodo electoral o mientras se pacta y se crean las
condiciones de verificación de una tregua bilateral.
Usted Sr. Presidente tomó la decisión
histórica de ponerle fin por la vía del diálogo a más de medio siglo de
confrontación armada y sobre esa base pretende su reelección. La paz
debería ser una política de Estado y de Gobierno, estar anclada en el
respeto a los derechos humanos, en una concepción territorial y
poblacional y no depender del resultado de un proceso electoral. Su
decisión de que se convoque el Consejo Nacional de Paz puede contribuir
en esa perspectiva, en cambio, la demora en hacerlo es un obstáculo.
Además, se necesitan más acciones positivas del Gobierno y propiciar
mecanismos amplios de participación, para que la ciudadanía respalde
este proceso.
Sr. Presidente y señores comandantes de
las guerrillas, llegó la hora de tomar decisiones audaces que nos
permitan ponerle fin a la barbarie, el crimen y las injusticias que ha
padecido y sigue padeciendo nuestro pueblo y restar excusas a los que
quieren seguir perpetuando la guerra.
Si bien Sr. Presidente usted dice que la
paz se pacta con los enemigos, es necesario depurar al Estado de los
enemigos de este proceso que son a su vez los amigos de la impunidad y
de las violaciones de los derechos humanos.
Por ello insistimos en reclamar un cese
inmediato bilateral del fuego y de las hostilidades, que sea monitoreado
por la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y
las víctimas del conflicto interno.
Demandamos de igual manera Sr.
Presidente, el inicio formal de las conversaciones con el ELN en lo
inmediato, quienes han reiterado su disposición al diálogo y de su
voluntad de contribuir a través de la democracia y la participación
popular a las transformaciones estructurales que requiere Colombia para
que la paz sea estable y duradera. Las demandas sociales de las
insurgencias son compatibles con el Estado Social de Derecho que
consagra la Carta Política.
A la sociedad colombiana la llamamos a
respaldar sin ambigüedades este proceso hacia la paz de Colombia. La
mejor seguridad no es la que nace de la represión, ni de los fusiles, ni
del aniquilamiento del adversario sino de superar las causas que
generan la violencia, la corrupción, el crimen y la exclusión.
Clamor Social por la Paz*
Twitter: @clamorsporlapaz
Facebook: https://facebook.com/Clamorsocialporlapaz
Ver carta completa abajo.
Archivos Relacionados
|
|
Descarga |
Un informe cifra en 26.000 las víctimas de desaparición forzada en Colombia
Según el Informe Basta Ya! el 97,7% de las desapariciones en Colombia son responsabilidad estatal. Es evidente que nunca se sabrá el paradero de esas personas pues equivaldría a aceptar la culpa por parte del Estado de la comisión de crímenes de Lesa Humanidad.
EFE
- Bogotá
Un informe cifra en 26.000 las víctimas de desaparición forzada en Colombia.
Casi el 94 % de las 26.000 víctimas de desaparición
forzada en Colombia desde hace 43 años, unas 24.440 personas, continúan
en paradero desconocido, no han dejado rastro ni han regresado a sus
casas, según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH)
divulgado hoy.
El CMH presentó cuatro informes sobre
las dimensiones, huellas, impactos psicosociales y respuesta del Estado a
la desaparición forzada de personas como parte del reconocimiento de
ese flagelo en el marco de la Semana Internacional del Detenido
Desaparecido.
Según este organismo, que nació por
mandato de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, el
elemento que agrava estas cifras es el hábito de los asesinos en el
marco del conflicto de esconder los cuerpos de los desaparecidos una vez
asesinados en alejadas fosas comunes, así como incinerarlos o
arrojarlos a ríos.
De acuerdo con estos estudios
sobre la desaparición forzada, este crimen se comete en Colombia por lo
menos desde la década de los setenta del siglo pasado pero no se
tipificó como delito penal hasta el año 2000, lo que ha contribuido a
silenciarlo.
Por
este mismo motivo, no hay una tradición estadística con respecto a las
desapariciones forzadas, y los investigadores del CMH han tenido que
cruzar bases de datos oficiales con las de organismos humanitarios y
proyectar las tendencias, de manera que pudieron concluir que hay 26.000
víctimas.
Se sabe que los responsables del delito
son grupos paramilitares, guerrillas, agentes del Estado y miembros de
bandas criminales, pero en la mayoría de los casos se confunde al actor
armado, ya sea por desconocimiento del asesino o porque se trata de una
alianza entre distintos individuos.
En total, 813 de
los más de 1.000 municipios colombianos han sufrido desaparición forzada
los últimos 43 años, con años especialmente turbulentos como 2001 y
2002, cuando impactó en más de 400 pueblos, frente a los 91 afectados en
2012.
El CMH, que hace un año publicó "Basta ya", el
informe más pormenorizado de medio siglo de violencia, trabajó durante
meses en estos cuatro tomos sobre la desaparición forzada con un enfoque
integral que analiza los métodos, reconoce a las víctimas con sus
historias, recoge los impactos psicosociales y estudia la respuesta
estatal.
Además, recomienda crear políticas de Estado
para la prevención del delito, mejorar las técnicas de búsqueda de
desaparecidos, fortalecer los entes de investigación, la asistencia a
los familiares y la reparación.
La semana contra la
desaparición forzada se celebra entre hoy y el próximo 31 de mayo a
través del CMH, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito de Bogotá y la Alta
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Identifican dos cuerpos de desaparecidas en toma del Palacio de Justicia
-
Un informe cifra en 26.000 las víctimas de desaparición forzada en Colombia
-
A propósito de víctimas
-
El régimen criminal de Santos y Pinzón violan los derechos humanos
-
Piedad tiene razón: Colombia es una gran fosa
-
Cifra récord: 800.000 personas se han visto obligadas a huir cruzando fronteras en 2011
-
CIDH y las ”formas” en Derechos Humanos
-
Trece años de la masacre de El Salado
-
Estado colombiano a pedir perdón por crimen de Alfredo Correa de Andreis. En Barranquilla
-
Los defensores de derechos humanos en la mira de las fuerzas estatales