Identifican dos cuerpos de desaparecidas en toma del Palacio de Justicia

Los defensores de derechos humanos en la mira de las fuerzas estatales




El Desplazamiento Forzado y la Imperiosa Necesidad de la Paz

Por Oidhaco.


Informe desplazamiento 2013 de Codhes

Resumen pendiente.
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Caracol radio: Informe asocia ayuda militar EEUU con falsos positivos

La ayuda militar y policial habría sido prestada entre los años 2000 y 2010.

Caracol radio / Agencia EFE | Junio 19 de 2014

La ayuda militar y policial prestada por Estados Unidos a Colombia, sobre todo entre los años 2000 y 2010, tuvo impacto en el incremento sustancial de los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como "falsos positivos", según un informe divulgado hoy.

El Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) realizaron esta investigación, divulgada hoy a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que "pretende ubicarse en el contexto actual de búsqueda de la paz para que la cooperación internacional contribuya a desmilitarizar la institucionalidad y la sociedad colombiana".

El estudio analiza el nivel de penetración de la ayuda militar estadounidense en las distintas unidades del Ejército y los registros en la Fiscalía de "falsos positivos", que son las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate a cambio de beneficios económicos o ascensos.

"Existe una correlación entre las brigadas del Ejército que recibieron un nivel mediano de asistencia de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales", establece el estudio sin aportar cifras pero con base en el estudio de tendencias.

La explicación de esta relación está, según testimonios de cargos militares, en que había una política establecida en la institución para presentar altas cifras de guerrilleros muertos, fueran rebeldes o no, y probar así que las ayudas estadounidenses surtían efecto.

Y por eso también concluye que "un mayor porcentaje de unidades comandadas por oficiales entrenados por Estados Unidos entre 2001 y 2003 cometieron ejecuciones múltiples que de unidades de mandos colombianos elegidos al azar".

En concreto, durante el Plan Colombia, el programa de cooperación con Estados Unidos que se implementó en 2002 para acabar con el narcotráfico y las guerrillas por la vía militar, "se presentó un incremento sustancial en estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas y la Policía".

"Por eso resulta imprescindible una evaluación rigurosa de los impactos de tales recursos en la situación humanitaria de Colombia", recomienda el informe.

De acuerdo con los datos que maneja este estudio, entre los años 2000 y 2010 se registraron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, de las cuales 1.821 fueron atribuidas a una unidad concreta del Ejército por parte de los testigos, los organismos judiciales y las organizaciones no gubernamentales.

Además, estima que durante el Gobierno del expresidente y senador electo, Álvaro Uribe, los casos crecieron en un 101 %, mientras que mientras el general Mario Montoya fue comandante del Ejército, a quien se le atribuye fomentar la política de beneficios a cambio de bajas en combate, los casos subieron al 141 %.

Los registros empezaron a reducirse en 2008, cuando estalló el escándalo de los "falsos positivos" en la humilde localidad de Soacha, cercana a Bogotá, donde una veintena de jóvenes civiles fueron engañados por militares para prestar un trabajo que nunca realizaron y después fueron reportados muertos con uniformes militares.

En consecuencia, la inversión estadounidense comenzó a disminuir porque se comprobó el mal uso de las ayudas y el correspondiente deterioro de los derechos humanos.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aspiró el pasado lunes, tras ser reelegido, a que los procesos de paz en marcha permitan utilizar los recursos de las ayudas del Plan Colombia, cada vez menores, en el postconflicto.

A propósito de víctimas



Clamor Social por la Paz pide cese del fuego bilateral por parte del Gobierno colombiano

Por Oidhaco.


Del Gobierno reclaman actitudes más coherentes frente a la paz, dado que al negarse a una tregua pactada, mantener la ofensiva militar y la permanente descalificación del adversario, le quita respaldo popular y confianza a las negociaciones.

Señor Presidente, señores comandantes, pueblo de Colombia:

Hay momentos en la vida de los pueblos, en que es necesario asumir compromisos profundos para transformar la propia historia, asumiendo los que los dirigen o quienes de una u otra manera pretenden representarlo desde el campo adverso de la guerra, la opción por la paz.

El anuncio del día 16 de mayo por parte de los comandantes de las FARC y del ELN en el "que ordenan cesar cualquier acción militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Estado o infraestructura económica, a partir de las 00.00 horas del martes 20 de mayo hasta las 24.00 horas del miércoles 28 de mayo", es un paso fundamental en la dirección de facilitar el respaldo a las negociaciones de paz.

Este gesto debe ser recogido por el Gobierno de manera a encaminar lo antes posible un cese bilateral del fuego y de las hostilidades que hagan viable el respaldo colectivo al proceso y la refrendación de los acuerdos por parte de la población colombiana. Precisamente es la decisión de negociar en medio del conflicto el elemento principal de la extrema derecha para cuestionar el proceso e intentar conducirlo al fracaso prolongando indefinidamente la guerra.

Del Gobierno reclamamos actitudes más coherentes frente a la paz, dado que al negarse a una tregua pactada, mantener la ofensiva militar y la permanente descalificación del adversario, le quita respaldo popular y confianza a las negociaciones. De las guerrillas reclamamos gestos unilaterales para desescalar el conflicto y para facilitar la comprensión y apoyo de la población al proceso. El cese unilateral de hostilidades anunciado debe ser extendido a todo el periodo electoral o mientras se pacta y se crean las condiciones de verificación de una tregua bilateral.

Usted Sr. Presidente tomó la decisión histórica de ponerle fin por la vía del diálogo a más de medio siglo de confrontación armada y sobre esa base pretende su reelección. La paz debería ser una política de Estado y de Gobierno, estar anclada en el respeto a los derechos humanos, en una concepción territorial y poblacional y no depender del resultado de un proceso electoral. Su decisión de que se convoque el Consejo Nacional de Paz puede contribuir en esa perspectiva, en cambio, la demora en hacerlo es un obstáculo. Además, se necesitan más acciones positivas del Gobierno y propiciar mecanismos amplios de participación, para que la ciudadanía respalde este proceso.

Sr. Presidente y señores comandantes de las guerrillas, llegó la hora de tomar decisiones audaces que nos permitan ponerle fin a la barbarie, el crimen y las injusticias que ha padecido y sigue padeciendo nuestro pueblo y restar excusas a los que quieren seguir perpetuando la guerra.

Si bien Sr. Presidente usted dice que la paz se pacta con los enemigos, es necesario depurar al Estado de los enemigos de este proceso que son a su vez los amigos de la impunidad y de las violaciones de los derechos humanos.

Por ello insistimos en reclamar un cese inmediato bilateral del fuego y de las hostilidades, que sea monitoreado por la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas del conflicto interno.

Demandamos de igual manera Sr. Presidente, el inicio formal de las conversaciones con el ELN en lo inmediato, quienes han reiterado su disposición al diálogo y de su voluntad de contribuir a través de la democracia y la participación popular a las transformaciones estructurales que requiere Colombia para que la paz sea estable y duradera. Las demandas sociales de las insurgencias son compatibles con el Estado Social de Derecho que consagra la Carta Política.

A la sociedad colombiana la llamamos a respaldar sin ambigüedades este proceso hacia la paz de Colombia. La mejor seguridad no es la que nace de la represión, ni de los fusiles, ni del aniquilamiento del adversario sino de superar las causas que generan la violencia, la corrupción, el crimen y la exclusión.

Clamor Social por la Paz*

Facebook: https://facebook.com/Clamorsocialporlapaz
Ver carta completa abajo.



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Un informe cifra en 26.000 las víctimas de desaparición forzada en Colombia

Un informe cifra en 26.000 las víctimas de desaparición forzada en Colombia.

Casi el 94 % de las 26.000 víctimas de desaparición forzada en Colombia desde hace 43 años, unas 24.440 personas, continúan en paradero desconocido, no han dejado rastro ni han regresado a sus casas, según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH) divulgado hoy.

El CMH presentó cuatro informes sobre las dimensiones, huellas, impactos psicosociales y respuesta del Estado a la desaparición forzada de personas como parte del reconocimiento de ese flagelo en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

Según este organismo, que nació por mandato de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, el elemento que agrava estas cifras es el hábito de los asesinos en el marco del conflicto de esconder los cuerpos de los desaparecidos una vez asesinados en alejadas fosas comunes, así como incinerarlos o arrojarlos a ríos.

De acuerdo con estos estudios sobre la desaparición forzada, este crimen se comete en Colombia por lo menos desde la década de los setenta del siglo pasado pero no se tipificó como delito penal hasta el año 2000, lo que ha contribuido a silenciarlo.

Por este mismo motivo, no hay una tradición estadística con respecto a las desapariciones forzadas, y los investigadores del CMH han tenido que cruzar bases de datos oficiales con las de organismos humanitarios y proyectar las tendencias, de manera que pudieron concluir que hay 26.000 víctimas.

Se sabe que los responsables del delito son grupos paramilitares, guerrillas, agentes del Estado y miembros de bandas criminales, pero en la mayoría de los casos se confunde al actor armado, ya sea por desconocimiento del asesino o porque se trata de una alianza entre distintos individuos.

En total, 813 de los más de 1.000 municipios colombianos han sufrido desaparición forzada los últimos 43 años, con años especialmente turbulentos como 2001 y 2002, cuando impactó en más de 400 pueblos, frente a los 91 afectados en 2012.

El CMH, que hace un año publicó "Basta ya", el informe más pormenorizado de medio siglo de violencia, trabajó durante meses en estos cuatro tomos sobre la desaparición forzada con un enfoque integral que analiza los métodos, reconoce a las víctimas con sus historias, recoge los impactos psicosociales y estudia la respuesta estatal.

Además, recomienda crear políticas de Estado para la prevención del delito, mejorar las técnicas de búsqueda de desaparecidos, fortalecer los entes de investigación, la asistencia a los familiares y la reparación.

La semana contra la desaparición forzada se celebra entre hoy y el próximo 31 de mayo a través del CMH, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito de Bogotá y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.